Andalucía no se despierta igual después de estas elecciones. No porque el mapa haya cambiado por completo, sino porque el resultado deja una advertencia clara, el próximo año político puede ser más duro, más condicionado y más reaccionario de lo que mucha gente esperaba.

El PP ha ganado, pero ha perdido la mayoría absoluta. Pasa de 58 a 53 escaños, dos por debajo de los 55 necesarios para gobernar sin depender de nadie. Vox sube de 14 a 15 y se convierte en pieza decisiva para la investidura. El PSOE cae a 28 escaños, su peor resultado histórico en Andalucía, mientras Adelante Andalucía crece con fuerza hasta los 8 escaños y Por Andalucía mantiene 5. La izquierda, en conjunto, mejora algo su representación, de 37 a 41 escaños, pero sigue lejos de disputar el gobierno.

Ese es el punto de partida. Y conviene mirarlo sin autoengaños.

Lo que se viene encima en Andalucía no es solo una negociación parlamentaria. Es una disputa por el sentido de las políticas públicas. El PP ya no podrá gobernar como si tuviera las manos completamente libres. Necesitará, al menos, la abstención o el apoyo de Vox. Y eso significa que la extrema derecha tendrá capacidad para presionar, condicionar y marcar agenda, aunque no entre formalmente en el Gobierno.

Este matiz importa. Porque a veces se habla de Vox solo en términos de consejerías, cargos o pactos escritos. Pero su influencia puede ser más profunda que eso. Puede actuar como una fuerza de arrastre, empujando el debate hacia posiciones más duras, obligando al PP a competir en identidad, inmigración, memoria democrática, feminismo o derechos sociales, y desplazando el foco de los problemas materiales hacia enemigos fabricados.

Y Andalucía tiene demasiados problemas reales como para permitir que la política se convierta en una guerra cultural contra los de siempre.

La comunidad llega a este momento con una tasa de paro del 14,66% en el primer trimestre de 2026, con 621.700 personas desempleadas. Es cierto que el paro bajó ligeramente y que la ocupación alcanzó la cifra más alta para un primer trimestre desde que hay registros, pero también se destruyeron 8.900 empleos respecto al trimestre anterior. La fotografía, por tanto, no es simple, hay actividad económica, sí, pero sigue habiendo una enorme fragilidad social.

Y esa fragilidad tiene rostro de clase. Tiene rostro de mujer, porque la tasa de paro femenino se sitúa en el 17,2%, bastante por encima de la masculina, que está en el 12,49%. Tiene rostro joven, precario, rural, migrante, cuidador. Tiene rostro de quien trabaja y aun así no puede hacer planes.

A esto se suma una realidad que debería estar en el centro de cualquier proyecto político decente, Andalucía sigue arrastrando niveles de pobreza muy superiores a la media española. La tasa AROPE se sitúa en el 34,7%, frente al 25,7% nacional; el riesgo de pobreza relativa alcanza el 27,7%, también por encima de la media estatal; y la renta neta media por persona es de 13.079 euros, más de 2.500 euros menos que la media española.

Con estos datos sobre la mesa, la gran pregunta para el próximo año no debería ser cuánta retórica identitaria cabe en el Parlamento. La pregunta debería ser qué se va a hacer con una tierra donde demasiada gente vive al límite mientras otros sectores acumulan beneficios, suelo, vivienda, contratos y capacidad de influencia.

Porque el riesgo político del próximo año es ese, que la desigualdad quede tapada por ruido. Que se hable más de banderas que de salarios. Más de supuestas amenazas culturales que de alquileres imposibles. Más de orden que de justicia. Más de culpa individual que de responsabilidades políticas.

La vivienda será una de las grandes heridas. En Andalucía, los precios están en máximos en ciudades como Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada. La presión turística, la falta de vivienda pública, el peso de la inversión inmobiliaria y el uso de la vivienda como activo están expulsando a población local de sus propios barrios. Andalucía suma unas 152.000 viviendas de uso turístico, con casi 800.000 plazas, y solo Málaga concentra más de 88.000. Mientras tanto, una persona debe destinar de media el 40% del salario al alquiler, según el informe citado por El País.

Ese dato debería escandalizar más. Porque cuando una parte tan grande del salario se va en pagar un techo, la libertad se convierte en una palabra vacía. No hay libertad real cuando vivir cerca de tu trabajo es imposible. No hay libertad real cuando emanciparse parece un lujo. No hay libertad real cuando una ciudad se organiza mejor para el turista, el inversor o el propietario que para quien la habita todo el año.

Y aquí la izquierda tiene una responsabilidad enorme. No basta con lamentar el resultado ni con repetir consignas conocidas. El crecimiento de Adelante Andalucía demuestra que hay espacio para un discurso andaluz, social, combativo y no subordinado. Pero también muestra que la izquierda sigue fragmentada y que el PSOE continúa en una crisis profunda de credibilidad en una tierra que durante décadas fue su principal fortaleza.

La izquierda andaluza tiene que decidir si quiere limitarse a resistir o si quiere reconstruir una alternativa de país desde abajo. Y para eso necesita hablar de lo concreto, sanidad pública, vivienda, dependencia, salarios, transporte, educación, cuidados, campo, turismo, juventud y pobreza. No como una lista de temas, sino como una forma de vida. Como la diferencia entre sobrevivir o vivir con dignidad.

El próximo año puede ser un año de retrocesos si Vox consigue condicionar el gobierno hacia sus obsesiones reaccionarias. Pero también puede ser un año de claridad. Porque cuando la derecha pierde la mayoría absoluta y depende de la extrema derecha, se cae parte del disfraz de moderación. Ya no basta con sonreír, hablar de estabilidad y gestionar el poder con buenas formas. Habrá que ver qué se pacta, qué se entrega, qué se calla y qué se sacrifica.

Y ahí habrá que estar mirando.

No desde el derrotismo, sino desde la vigilancia democrática. No desde la nostalgia, sino desde la organización. No desde la comodidad de tener razón, sino desde la obligación de ser útiles.

Andalucía no necesita una política que convierta el malestar en odio. Necesita una política que convierta el malestar en derechos. Que entienda que la gente no está cansada de la igualdad, está cansada de no llegar. Que no está cansada de lo público, está cansada de que lo público llegue tarde o llegue mal. Que no está cansada de la democracia, está cansada de que demasiadas decisiones importantes parezcan tomadas lejos de su vida.

El próximo año será decisivo porque puede normalizar una Andalucía más desigual y más reaccionaria, o puede abrir una etapa de oposición social más fuerte, más consciente y más conectada con la calle.

Los resultados dejan una derecha ganadora, una extrema derecha con llave, un PSOE debilitado y una izquierda alternativa con señales de vida. Pero los datos sociales dejan algo todavía más importante, una comunidad donde la riqueza no se reparte bien, donde la vivienda se está convirtiendo en expulsión, donde el empleo no siempre garantiza seguridad y donde millones de personas necesitan mucho más que discursos de estabilidad.

La estabilidad, cuando se construye sobre desigualdad, no es paz social. Es silencio impuesto. Y Andalucía, tarde o temprano, tendrá que decidir si acepta ese silencio o si vuelve a levantar la voz.